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Boletín de noticias 15 de mayo de 2012
EL TIEMPO
CRISIS DE LA SALUD SERÁ DEBATIDA EN EL SENADO
Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Corzo citaron a la ministra y al superintendente de salud.
Con el argumento de que las medidas que podrían resolver los problemas críticos de la salud no se toman por la cercanía entre funcionarios del alto gobierno y algunas EPS, los senadores Jorge Enrique Robledo (Polo) y Juan Manuel Corzo (conservador) citaron para este martes a la plenaria del Senado a la ministra de Salud, Beatriz Londoño, y al superintendente Conrado Gómez.
Robledo asegura que la actualización del POS y los giros directos de recursos a los hospitales no se pusieron en marcha para beneficiar a los usuarios, sino a las EPS, "que se han fortalecido durante este gobierno, pese a que las conductas de algunas de ellas rayan en lo penal".
Y en respuesta al llamado de atención de la Corte Constitucional al Gobierno, a quien le dijo la semana pasada que no ha actuado frente a los "mercaderes de la salud", por primera vez todos los médicos y especialistas del país, agremiados en la Academia Nacional de Medicina, Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano, Federación Médica Colombiana y Asmedas, enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le piden revisar con urgencia las estructuras del sistema.
Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, dijo que "el sistema hace rato dejó de estar en crisis. Simplemente es inviable". Los médicos piden revaluar el modelo.
EL ESPECTADOR
"SERÍA INCONSTITUCIONAL QUE ÁLVARO URIBE SEA NOMBRADO COMO VICEPRESIDENTE": FISCAL
Consideró que sería una especie de "reelección disfrazada", la cual sería tumbada por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional.
Haciendo salvedad que su concepto es emitido como abogado constitucionalista, el fiscal General, Eduardo Montealegre señaló que un posible nombramiento como vicepresidente de la República para Álvaro Uribe Vélez no sería valido.
En diálogo con la FM, Montealegre señaló que la Constitución Política pone límites a esta posibilidad, precisando que la carta magna solamente acepta la reelección inmediata en una sola oportunidad.
"Aceptar una fórmula vicepresidencia en términos constitucionales sería un fraude", precisó el Fiscal General considerando que de presentarse esta acción sería rechazada por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.
En este sentido señaló que esta acción podría presentarse como una "reelección disfrazada", puesto que tendría ciertos beneficios y posibilidades para alcanzar la presidencia de Colombia.
En los últimos días se presentó la posibilidad de un nombramiento de Uribe Vélez como vicepresidente ante la posible salida de Angelino Garzón para la presidencia de la OIT.
FRENO A LAS DEMANDAS TEMERARIAS
La Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación ya tiene lista la estrategia para enfrentar las insólitas demandas de quienes están siendo procesados por actos de corrupción.
Al respecto su director Fernando Carrillo anunció tres medidas para enfrenta lo que denominó como “los pájaros tirándole a las escopetas”.
Se trata de tres iniciativas con las que espera no solo evitar que se presenten ese tipo de demandas sino perseguir los bienes y el dinero producto de los millonarios desfalcos a la Nación. La primera será la presentación de una reforma al código penal con el cual se pretende evitar que quienes defraudaron al Estado salgan del país al cumplir su condena.
“Se trata de una pena accesoria por diez años más después de la ejecución de la pena para evitar que quienes resultan con penas irrisorias salgan a disfrutar de sus yates y apartamentos en otros países. Eso funciona en otros ordenamientos jurídicos”, explicó Carrillo.
Además, con el fin de perseguir esos capitales, a través del Comité de Acción Financiera y de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), a la que pertenecen más de 30 países, se evitará que realicen operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Colombia no puede ingresar a este grupo aún, pero el presidente Juan Manuel Santos ya pidió el apoyo del Comité de Acción Financiera que desde París tiene un grupo de seguimiento a estos capitales.
“La OCDE tiene un oficina en París y eso será de gran ayuda para perseguir el dinero, no podrá circular en otros países ni llevarlos a paraísos fiscales”, explicó el director de defensa jurídica de la Nación, quien señaló que se tomará como tercera medida la decisión de realizar la extinción de dominio de todos los bienes de quienes están procesados por defraudar al Estado.
Advirtió que “si hay algo que les duele a los corruptos es el bolsillo y es ahí donde los vamos a atacar, no vamos a permitir que salgan de pagar penas irrisorias a disfrutar de los miles de millones que se han robado. Estamos hablando de sanciones de la Procuraduría, de resoluciones de acusación de la Fiscalía y de investigaciones fiscales de la Contraloría y resulta que con hechos tan graves, distorsionando la realidad se presentan demandas que yo puedo calificar de temerarias”.
Estas son las primeras medidas que tomará el Estado con el fin de ponerle coto a las demandas como las que ya anunciaron el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias; el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas; el exdirector jurídico del IDU, Inócencio Meléndez, entre otros.
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA CONTRA LUCERO CORTÉS POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
La Procuraduría General consideró que existen indicios sobre presiones ejercidas a un
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara por Bogotá, Lucero Cortés Méndez, por su presunta participación en el tráfico de influencias ante la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
Los hechos están relacionados con el fallo de tutela que favoreció a su esposo, Manuel Rincón, en una investigación por el presunto delito de estafa y de otro, las posibles presiones que habría recibido un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura por parte de sus superiores para proferir decisión en un proceso disciplinario contra el abogado de la contraparte.
“Se busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria del investigado”, precisa la decisión del Ministerio Público.
En desarrollo de este proceso disciplinario el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales con el fin de lograr el perfeccionamiento probatorio de la investigación que se adelanta.
Por estos hechos, la congresista enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, en el cual ha manifestado su inocencia y ha argumentado que todo se trata de un “complot” en su contra y la de su marido, por los interés de la empresa de cable Super View, del cual su esposo es principal accionista.
Desde marzo del año pasado, la congresista se encuentra en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema.
GOBIERNO ALISTA PLAN ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA MUJERES
El Gobierno Nacional alista un plan de choque para medidas especiales de seguridad para las mujeres amenazadas del país.
El ministro del Interior y designado de Vivienda, Germán Vargas Lleras, firmó el protocolo de Protección para las Mujeres amenazadas.
“A todo el esquema de protección que hoy tiene la Unidad Nacional de Protección se incorpora el enfoque diferencial, es el primer protocolo que hacemos para una determinada población vulnerable, de manera que las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, cualquiera sea la actividad en la que participen, bien como defensoras de Derechos Humanos, también como sindicalistas o periodistas”, aseguró Vargas.
Según él, ahora se adelantarán los estudios de riesgo y en el mismo sistema medidas particulares y especiales que garanticen na más efectiva protección de sus derechos en el programa de protección nacional.
“Esto era algo que veníamos concertando con las organizaciones de mujeres, propuesta que surgió en la mesa nacional de garantías y que este lunes plasmamos en un protocolo, un convenio que nos va a permitir introducir todas estas disposiciones al Programa Nacional de Protección”.
Los estudios de riesgo los van a practicar mujeres y en los esquemas de protección también se adoptan particularidades propias de la condición de mujer.
Último hecho de violencia contra una mujer
Este acuerdo fue firmado precisamente pocos días después de que durante una reunión en su oficina, Mónica Roa escuchó unos ruidos y de repente vidrios cayeron sobre su cabeza. Entonces se fue la luz. Roa, directora para Latinoamerica de la ONG Women’s Link Worlwide, salió a la calle y se dio cuenta que el suyo era el único inmueble sin luz en todo el barrio. Sus escoltas llamaron a los policías del CAI y éstos, después de revisar la escena, confirmaron que a la edificación le habían disparado con pistolas de balines accionadas a gas y que por su poder alcanzaron a vulnerar el blindaje de la oficina de Roa, aunque no causaron mayores daños.
Roa aseguró que desconoce las razones del ataque. Aunque recordó que desde hace seis años cuenta con un esquema de seguridad, debido a las amenazas que ha habido contra su vida y de que su oficina ya había sido vulnerada. De hecho, apenas un día de haberse ubicado en ella, desconocidos ingresaron y se robaron un computador. La posición de Roa le ha merecido críticas de parte de los sectores más conservadores de la sociedad e, incluso, a inicios de marzo pasado fue demandada por la procuradora delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos, por sus afirmaciones a favor del aborto.
Respecto al tema que la ha vuelto protagonista, Roa recordó que pasado mañana se cumplen 6 años de la sentencia C-355/06 que despenalizó el aborto en tres ocasiones: que el embarazo sea producto de una violación, que vaya a afectar la salud de la mujer y que el feto sufra de enfermedades tales que de nacer no tendría una vida digna. Para conmemorar la fecha, mujeres de todo el país se reunirán para evaluar los obstáculos y los logros durante los seis años de implementación de la tutela.
LEY PARA QUE ENFERMOS TERMINALES PUEDAN RECHAZAR ATENCIÓN MÉDICA
Sin embargo, el proyecto no tiene nada que ver con la eutanasia o muerte asistida.
La Cámara de Representantes inició el trámite de un proyecto encaminado a que las personas puedan decidir cuándo quieren dejar de someterse a un tratamiento médico.
La idea es poder disponer el momento para morir “sin padecer tratamientos” que prolonguen la agonía de los pacientes que ya están sin ninguna esperanza de vida.
La iniciativa, que ya hizo tránsito en la comisión séptima de la Cámara, quiere fundamentalmente respetar la voluntad del paciente.
El representante Rafael Romero Piñeros, autor del proyecto, manifestó que lo que se busca es “que se cumpla la voluntad de no someterse a tratamientos innecesarios, a lo que llamamos encarnizamiento terapéutico, que son los procedimientos que le prolongan su dolor y su muerte”.
“Lo que mejor se le debe brindar a un paciente son cuidados paliativos para mitigar su dolor y su sufrimiento, permitiéndole tener una muerte digna”, explicó.
El congresista aclaró que este proyecto no tiene nada que ver con la eutanasia, ni con la muerte asistida pues lo único que se busca es garantizar un “final de la vida que no sea tan traumático, ni tan doloroso”, en caso de enfermedades irreversibles, incurables o en etapa terminal.
“Lo que queremos es que la gente por su propia voluntad rechace ser sometido a tratamientos innecesarios que, desafortunadamente, no solo afectan la vida del paciente desahuciado sino de su entorno familiar”, agregó.
PREOCUPA QUE LA CORTE QUIERA LEGALIZAR ADOPCIÓN PARA PAREJAS HOMOSEXUALES"
Con la participación de pastores de todo el mundo y miembros de las iglesias cristianas evangélicas, se realizó en las instalaciones del Senado y de manera simultánea en otros países, la Quinta Jornada Mundial de Oración por la Paz de Colombia, organizada por el senador Edgar Espíndola (PIN) en compañía de la Sociedad Bíblica de Colombia, un evento que lleva más de 5 años que tiene como propósito orar por la Nación, sus representantes y la familia.
"Para el Congreso de Colombia es muy importante el día de hoy y para la Comisión de Derechos Humanos de la cual hago parte, que estemos acompañando a la sociedad bíblica colombiana en un evento al que se unen muchos países para orar por la paz de Colombia y en el país estamos clamando en oración por nuestro presidente, los ministros, el legislativo, la cúpula militar, para que podamos entender que esta Nación tiene futuro en la medida que abramos nuestro corazón a los principios y a los valores cristianos", afirmó.
Al referirse a la familia, el senador dijo que "la Constitución consagro que la familia en Colombia está constituida por un hombre y por una mujer y que por supuesto no hay figura diferente conocida como familia, la Corte Constitucional erradamente ha venido sentando jurisprudencia, ha venido legislando por la misma interpretación, cayendo inclusive en abuso de poder y extralimitación de funciones al querer concebir una familia diferente a la concebida en la Constitución Nacional".
De igual manera hizo un llamado a la Corte diciendo: "por eso hoy le queremos decir a la Corte Constitucional que no legalice relaciones que están por fuera del marco constitucional, ustedes fueron puestos para que defendieran la Constitución Nacional, no para que la cambiara".
"Nos preocupa que la Corte quiera legalizar la adopción de niños por estas parejas, yo no soy homofóbico, respeto lo que la gente quiera hacer con su cuerpo, aunque no lo comparta, pero hay que advertir que es una conducta antinatural, pero no hay que obligar a los colombianos a caer en prácticas sexuales dándole gusto a una minoría", concluyó el senador.
DESNUDADAS ANTE EL INPEC
El problema de las prisiones no se soluciona construyendo más cárceles.
El hacinamiento —lo que más se denuncia— es engañoso, ya que se hace con una medida matemática: menos cupos, más reclusos. Lo que los hacedores de políticas públicas entienden, entonces, es que deben construirse más y más cárceles a ver si de alguna forma el hacinamiento se alivia. Y claro que es un problema grave. Incluso la Corte Constitucional, en su Sentencia T-153 de 1998, que declaró un estado de cosas inconstitucional en el interior de los centros de reclusión en Colombia, enfocó gran parte de su fallo en este problema.
Pero el alto tribunal fue inteligente, ya que abordó también los otros problemas que no se comentan tanto: los bajos índices de resocialización, la precariedad de los programas educativos o de trabajo, la inexistencia de las zonas de esparcimiento, los pocos derechos que los reclusos pueden ejercer —pero que tienen— ocuparon la otra parte del fallo.
Una a una, y puede decirse con plena tranquilidad, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que son por cierto obligatorias para Colombia, son incumplidas sistemáticamente en los centros carcelarios y penitenciarios del país. El estado de cosas inconstitucional, a nuestro juicio, persiste en los hechos que juzgamos a diario.
Tanto es así, que el pasado viernes un grupo de mujeres decidieron caminar desnudas desde la Torre Colpatria, en Bogotá, hasta el Ministerio de Justicia, clamando por los derechos de sus familiares que están presos. Los testimonios de las personas que salieron a marchar son variados: no hay dónde bañarse, la comida es precaria, no hay cuarto propio para algunos de ellos, prima la ley del dinero para comprar derechos, para algunos aún no ha habido una sentencia en propiedad, entre otras cosas. Pese a su variedad, el denominador común es uno solo: la ausencia de derechos.
El fin de la prisión (resocializar a los individuos brindándoles herramientas y nuevas oportunidades para que vuelvan a la sociedad) no se está cumpliendo en Colombia. Y esto es grave. En vez de afanarse por responder a estas notas periodísticas (el sábado nuestra portada fue ocupada por estas mujeres) prometiendo más cárceles o reformando el Inpec de cabo a rabo, los gobiernos de Colombia, sus legisladores y los jueces deberían pensar en cambiar de una vez la política punitiva que llena las cárceles a reventar.
El sistema no aguanta. De vez en cuando esto se nos es recordado de una forma muy viva: esta vez fueron las mujeres desnudas; mañana, quién sabe. La reforma a lo represivo del régimen penal debería darse pronto. Con esto nos referimos, por ejemplo, a las penas altas por delitos insignificantes o contravenciones, o a la mentalidad de que todo buen castigo es uno que se pague en la cárcel. Asimismo, los jueces penales deberían cambiar su costumbre de aplicar a rajatabla la detención preventiva: la mitad (nada menos diciente) de los internos en Colombia están a la espera de un juicio. ¿No existen, acaso, otras formas de aguardar la pena con las que se debería experimentar? Parece que, por defecto, la gente va a la cárcel a esperar una condena o una absolución y esto, además de ser injusto, es arbitrario, absurdo y, sobre todo, inconveniente.
El Gobierno puede cambiar su discurso (lo ha hecho con respecto del anterior, pero no parece suficiente) en torno a encarcelar a la gente por diversas conductas. La cultura carcelaria no parece haber funcionado en Colombia ni tampoco en América Latina. ¿No es esta, pues, una señal evidente? Según el Inpec, la cifra de hacinamiento es del 39,5%. Vamos a ver hasta dónde sigue aguantando mientras esta modalidad punitiva se mantenga.
EN EL CLÓSET: SANTOS Y LAS PAREJAS GAY
Por: César Rodríguez Garavito
Viendo las declaraciones de Obama a favor del matrimonio gay, me preguntaba: ¿qué piensa el presidente Santos sobre el tema? ¿Qué ha dicho sobre los derechos de la población LGBT? ¿Le ha dado un guiño a su bancada en el Congreso para proteger a las familias de parejas del mismo sexo, como lo exigió la Corte Constitucional?
Al revisar la trayectoria de Santos y lo que ha hecho (y dejado de hacer) su gobierno, la conclusión es que en este tema le ha faltado el talante liberal que ha tenido en otros. En la campaña presidencial, se opuso al matrimonio de personas del mismo sexo. Ya en el poder, le ha hecho el quite a cualquier discusión sobre los derechos de gays y lesbianas. Además, ha guardado prudente silencio frente a los cuatro proyectos de ley que circulan en el Congreso sobre las uniones homosexuales, incluyendo el del Partido de la U, que niega la posibilidad del matrimonio.
Me dirán que Santos es liberal de corazón, pero que ante todo es un político; que en un país con tanta homofobia, hablar sinceramente del tema sería un suicidio electoral, como Obama pensaba que lo era en EE.UU. hasta la semana pasada.
Puede ser. El problema es que el silencio del presidente ha ido más allá de la cautela electoral, hasta rayar en el endoso implícito de la discriminación. Por ejemplo, ni el mandatario ni su ministro de Defensa tomaron medidas contra el comandante de la Armada Nacional cuando éste dijo que, aunque las leyes y los fallos protejan el derecho a la igualdad, sacaría de la Armada a los homosexuales porque “el honor prohíbe lo que la ley permite”. Con el mutismo de sus superiores, el comandante de la Armada y las demás cabezas de las Fuerzas Armadas tienen carta blanca para discriminar ilegalmente. La misma que tenían las fuerzas armadas estadounidenses hasta que Obama acabó con la política del silencio (“don’t ask, don’t tell”), al comienzo de su gobierno.
El sigilo gubernamental se extiende a los demás debates sobre los derechos de la población LGBT, en los que la Corte Constitucional se ha quedado sola. Ni a Santos ni a sus ministros, tan elocuentes sobre otros asuntos complejos, se les conoce una opinión sobre las adopciones por parejas del mismo sexo, ni sobre el incumplimiento de las sentencias de la Corte por parte de notarios y empresas de seguridad social que se niegan a reconocer las uniones y las pensiones de esas parejas.
Pero Santos, como Obama, entiende la lógica política. Así como en EE.UU. la salida del clóset del presidente fue el resultado de años de movilización de la población LGBT (que hizo sentir su influencia en las elecciones y cambió la opinión de la mayoría sobre el matrimonio gay), aquí el movimiento y sus aliados tienen que fortalecer su voz política. De la misma forma como las iglesias se organizan cada domingo para lanzar un mensaje contra los derechos homosexuales, los sectores igualitarios (los jóvenes, las personas LGBT, los liberales de pensamiento) tienen que organizarse en redes sociales y campañas que les recuerden a los políticos que ellos y ellas son votantes organizados e influyentes. Las cortes no reemplazan la movilización política, como lo ha entendido bien el Gobierno en su cálculo electoral.
Pero también se debería esperar más de un gobierno que ha tomado riesgos en otros temas polémicos, como la penalización del consumo y tráfico de drogas. Como mínimo, cabría esperar que el presidente, aunque no salga a defender los derechos de las personas LGBT, tampoco promueva su discriminación. En el corto plazo, la prueba será la escogencia de su candidato a la terna para la Procuraduría. Si no postula al procurador Ordóñez, el Gobierno habrá ayudado a remover el principal obstáculo para la igualdad de derechos. Y habrá abierto el camino para que, alguna vez, un presidente de Colombia diga frente a una cámara que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que tenemos los demás ciudadanos.
* Miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org).
EL NUEVO SIGLO
HAY QUE CREER EN JUSTICIA INDÍGENA Y RESPETARLA"
El ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra se pronunció sobre el caso del ex personero de Bogotá Francisco Rojas Birry y declaró que es al Consejo Superior de la Judicatura al que corresponde dar un parte oficial sobre si es la justicia indígena o la ordinaria la que debe juzgarlo.
“Firmo esa misma pregunta como colombiano pero no doy ninguna respuesta como ministro de justicia porque desde esa condición lo que me corresponde es dejar el pronunciamiento a las autoridades respectivas, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura. Lo otro, es contribuir a enredar y desinstitucionalizar, puesto que se ha puesto en marcha ese mecanismo esperemos a que haya el pronunciamiento que corresponda”, aseveró el ministro.
Sobre el mismo tema el alto funcionario agregó, “en este caso concreto no hago pronunciamiento ninguno; en términos generales por supuesto que sí porque la justicia indígena fue instituida y reconocida, instituida desde tiempos inmemoriales además, y reconocida por la constitución de 1991 como una justicia que debe ocuparse de los asuntos que a ella le competen y manejarlos con la autonomía que le reconoce la constitución política. Lo que falta por saber es lo que está por saberse, que es si este asunto en concreto es de la justicia ordinaria o es de la justicia indígena; pero hay que creer en la justicia indígena y respetarla profundamente “
El ministro reafirmó su respeto hacia la justicia indígena al recordar que "hace una semana o diez días tuve ocasión, y además lo hice orgullosamente, de inaugurar una casa de justicia en Uribia, en donde hay dos justicias que funcionan: la una para lo suyo y la otra para lo suyo, es decir cada una para lo que le corresponde. Son la justicia propia, que llaman los indígenas, en este caso la justicia Wayúu y la otra que es la justicia normal de la republica de Colombia. Repito, por el momento no quiero referirme particularmente al caso del señor Rojas Birry, esperemos"
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PIDEN INTERVENIR EN CRISIS DE LA SALUD
Tomar urgentes medidas frente al crítico estado de la salud en Colombia, le pidieron al Jefe de Estado, varias organizaciones médicas y el senador Mauricio Ospina. En sendas misivas, aseguran que la situación no da espera.
En este sentido le solicitan al primer Mandatario su directa intervención para solucionar la crisis, que se manifiesta en el colapso en el servicio en los centros hospitalarios, represamiento en los pagos a clínicas y hospitales y corrupción, entre otros problemas.
En su misiva al Jefe de Estado, el senador Ospina, del Polo Democrátrico, señala que “tenemos ocho millones de colombianos en una situación supremamente crítica donde no tenemos garantías en medicamentos, donde no tenemos garantías en prestación de servicios, no se le está pagando a los empleados y definitivamente la salud no da espera”.
Añadió que “así como se toman decisiones de emergencia invernal, creo que hay una emergencia social real en el país y creo que hay que tomar decisiones, y creo que hay que ponerse la camiseta por esta reforma”.
Por su parte, miles de médicos agremiados en la Academia Nacional de Medicina, Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano, Federación Médica Colombiana y Asmedas, también enviaron una carta al primer Mandatario.
“De tiempo atrás nosotros, los médicos de Colombia, hemos venido advirtiendo sobre el deterioro progresivo de todos los indicadores del sistema, que van más allá del regular estado de salud de la población y al que se suman la crisis de los hospitales, el poco transparente manejo de los recursos, la carencia de rectoría, los grandes vacíos en materia de vigilancia y control y los elevados niveles de corrupción, favorecidos, entre otras razones, por la enrevesada estructura del sector”, señalaron en la misiva.
Para Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, “el sistema hace rato dejó de estar en crisis. Simplemente es inviable. Seguir con esta estructura es perjudicar a la población colombiana. Se requiere con urgencia que el país debata la necesidad de adoptar un nuevo modelo, en el que los pacientes sean el centro y no el lucro”.
Desde el Congreso hay gran preocupación por la suerte de la salud en Colombia, como lo expresó el presidente del legislativo, senador Juan Manuel Corzo, en diálogo con EL NUEVO SIGLO: “La salud está desmejorándose en Colombia, existen problemas financieros en las grandes EPS del país y que el país gasta aproximadamente 20 billones de pesos anuales”.
En este sentido Corzo dijo que lo importante es saber qué está pasando con los dineros de la salud y cuáles son los focos de corrupción. “Requerimos pruebas sobre la verdadera situación de la salud en el país y sobre las declaraciones que ha hecho la Contralora. Los entes de control nos deben presentar la pruebas y decir qué está sucediendo con el tema de la salud en el país”, dijo.
Por su parte, el senador Carlos Soto (Partido de La U) le dijo a este Diario que “es muy importante que empecemos a mirar todos esos desajustes que tiene la salud, la diferencia en los precios de los medicamentos, que es abismal con otros países, y muchos otros temas”.
Desde abril pasado el Senado instaló, en la Comisión Séptima, la Mesa Interpartidista para el área de la salud, creada mediante la resolución 71 del 11 de noviembre de 2011.
La propuesta del senador Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) y Carlos Baena (Movimiento MIRA) de crear una mesa intersectorial amplia e incluyente, pretende darle al Gobierno una diagnóstico profundo de la problemática del Sistema que rige la salud de los colombianos y una reforma pertinente.
Al respecto el senador Ospina dijo que “los senadores encontramos una gran debilidad al sistema y no encontramos el apoyo institucional para adelantar un debate a la altura de las necesidades de los colombianos” y que por tal motivo tocarán las puertas de Palacio en busca de ayuda del Ejecutivo.
También la Corte
La semana anterior la Corte Constitucional hizo una audiencia de seguimiento a la sentencia T-760 del 2008, en la que entre otras conclusiones señaló que “nuestra sociedad está enferma y en tránsito a cuidados intensivos. El sistema de salud pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos este Estado. Es imperioso que el país aborde el rediseño de la estructura”.
FIRMADO PROTOCOLO DE PROTECCIÓN DE GÉNERO
Un estricto Protocolo de Seguridad que les entrega garantías y beneficios preferenciales de seguridad y protección, en caso de amenazas o de riesgo contra sus vidas, suscribió Germán Vargas con delegadas de asociaciones de mujeres de todo el país, en uno de sus últimos actos como ministro del Interior.
El protocolo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y las organizaciones de derechos de las mujeres en el país, que trabajaron en la elaboración de la resolución respectiva desde diciembre de 2011. El Protocolo para la Protección de la Mujer, como ha sido llamado, incorpora dentro de la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Ministerio del Interior, un criterio de enfoque diferencial para el género femenino.
“Las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cualquiera que sea la actividad en la que participen, bien sea como defensoras de Derechos Humanos, sindicalistas o periodistas, tendrán en los estudios de riesgo del sistema mismo, medidas especiales que garanticen su seguridad”, explicó Vargas al recordar que la idea surgió durante una Mesa Nacional de Garantías.
“Es algo que veníamos consultando con las organizaciones de mujeres, y ahora lo plasmamos en un convenio que nos va a permitir introducir todas estas disposiciones al programa nacional de protección”, precisó.
El Director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien también suscribió el Protocolo, dijo que las mujeres representan en este momento cerca del 25 por ciento del Programa de Protección de la Unidad. “Pensamos que las mujeres deben ocupar el lugar más importante en este programa de protección, pues llevan un importante liderazgo en la defensa de los Derechos Humanos y de la restitución de tierras”, manifestó Villamizar.
Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que participaron en la firma del acta del Protocolo, y que coadyuvaron en su elaboración son, entre otras: Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), Asociación de Mujeres Productoras del Campo, Casa de la Mujer, Colectivo Mujeres al Derecho, Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), Espacio Multicultural de Mujeres de la Región Caribe, Grupo de Seguimiento e Incidencia Distrital Mujeres y Desplazamiento, y Ruta Pacífica de las Mujeres.
CÁMARA VOTARÁ NUEVO PROYECTO PARA REGIONES
Hoy la agenda territorial del Gobierno nacional tiene un nuevo reto con la votación en tercer debate en la Comisión Primera del Senado del proyecto por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Departamentos (223 de 2012 Senado-045 de 2011 Cámara), el cual ya superó su paso por la Comisión Primera y la plenaria de Cámara.
Esta iniciativa tiene por objeto dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que, dentro de la autonomía que les reconocen la Constitución y la Ley, sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus funciones.
El régimen departamental es solo una parte de una verdadera ofensiva en materia territorial que presentó el Gobierno al Congreso en esta segunda legislatura.
También hacen parte los proyectos de reforma a los Códigos Municipal, Áreas Metropolitanas y el Distrital.
La iniciativa ha hecho tránsito de la mano de la Unidad Nacional, que acompaña las iniciativas del presidente Juan Manuel Santos, por lo que se espera que hoy sea aprobada sin mayores dificultades.
El presente proyecto de ley de reforma del régimen departamental es una iniciativa legislativa largamente esperada y requerida en el ordenamiento jurídico colombiano desde la reforma a la Constitución Política de 1991, señala la parte motiva de la iniciativa. La misma responde a la necesidad de dotar a los departamentos de importantes funciones, de un régimen normativo acorde con los principios que inspiraron la reforma constitucional, y que llena amplios vacíos normativos sobre la función del papel del departamento, de los gobernadores y los diputados, con las aspiraciones de autonomía y flexibilidad exigidas por las realidades territoriales, por cuanto el estatuto que viene rigiendo en esta materia ha sido el Decreto 1222 de 1986.
La profundización del proceso de descentralización colombiano pasa por el fortalecimiento del departamento como entidad territorial intermedia de Gobierno.
CONSULTA PREVIA NO ES TRÁMITE ADMINISTRATIVO
El derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes no puede limitarse a un trámite administrativo, advirtió ayer la Corte Constitucional al divulgar su más reciente comunicado de prensa.
“La Corte reiteró los lineamientos jurisprudenciales que ha trazado en relación con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, de las medidas legislativas y administrativas que los afecten directamente”, se lee en la comunicación, en el aparte relacionado con la Sentencia C-331 de 2012.
En ese fallo, del que fue ponente el magistrado Luis Ernesto Vargas, la Corte determina que el control de la explotación ilegal de minerales prevista en la ley del Plan Nacional de Desarrollo no requería de la realización de la consulta previa a las comunidades étnicas, pero que en cambio la derogatoria de las normas que permitían la legalización de la pequeña minería y de la minería tradicional sí ha debido ser consultada a dichas comunidades, por afectarlas de manera directa.
La decisión consistió en declarar exequible el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 e inexequible la expresión “parágrafo 2º del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010” contenida en el artículo 276 de la Ley 1450 de 2011.
Fundamentos
Al explicar el fundamento de la sentencia, la Corte “reafirmó que el derecho de consulta previa que les asiste a las comunidades étnicas se fundamenta en el principio democrático, el derecho a la participación, el pluralismo y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación”.
“Este proceso debe adelantarse de buena fe”, precisa la Corte, “a través de formas y medios de comunicación efectivos con las comunidades étnicas; no puede consistir en simples trámites administrativos por parte de las autoridades o en meros requisitos formales, sino que debe ser “un proceso sustantivo de raigambre constitucional”. Para tal efecto, debe garantizarse a las comunidades afectadas la información completa, precisa y significativa sobre los proyectos que se pretenden desarrollar en sus territorios o de las medidas legislativas o administrativas del caso y estar precedido de un trámite preconsultivo en el cual se defina, de común acuerdo entre las autoridades gubernamentales y los representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las bases del procedimiento administrativo”.
En el comunicado, la Corte sostiene que “en cuanto al método para la determinación de temas que afecten a las comunidades étnicas, es casuístico, esto es, se debe esclarecer y determinar en cada caso concreto, cuáles son las medidas que afectan directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, de manera que en una situación concreta se evalúe que tanto incide la medida en la conformación de la identidad diferenciada del pueblo étnico”.
Minería ilegal
“En el presente caso, el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional”, recuerda la Corte.
“A la vez”, señala, “prevé el decomiso de bienes y la imposición de una multa por infracción a esta prohibición, además de medidas especiales para la reorganización de los municipios explotadores de oro. Se trata de una norma general que busca evitar una práctica ilegal, que produce serios daños ambientales y de garantizar la no explotación minera en términos industriales, que no es propia de las comunidades indígenas y afrodescendientes y por tanto, no las afecta de manera directa y específica”.
Al hallar razonable y legal la prohibición, la Corte concuerda en que “dicha explotación produce un deterioro irreparable de los recursos naturales que deben preservarse, de manera que es a toda la comunidad y no solo a los grupos étnicos a quienes les interesa el control de esa explotación”.
Minería pequeña y artesanal
Sin embargo, el caso anterior no se asimila con la derogación del parágrafo 2º del artículo 12 y el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010 contenida en el inciso tercero del artículo 276 de la Ley 1450 de 2011.
“Estas normas consideraban legal el barequeo consistente en extracción de materiales de arrastre, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de ribera de 200 metros de largo y la actividad de pequeña minería en el departamento del Chocó”, anota la Corte.
Los propios voceros del Departamento Nacional de Planeación le explicaron a la Corte, de acuerdo a lo consignado en el comunicado, que las consultas previas efectuadas por el Gobierno “se refirieron al documento que puso a consideración de estas minorías, contentivo de los objetivos y metas de mediano y largo plazo, es decir, las “bases del plan”, lo que el artículo 339 de la Carta Política denomina como parte general del Plan Nacional de Desarrollo y no en relación con la derogatoria de las normas que autorizaban las actividades de barequeo y minería tradicional, lo cual afecta de manera directa a las comunidades étnicas”.
“Para la Corte”, indica el comunicado, “estas derogatorias desconocen la especial protección para la continuidad del barequeo o minería tradicional y de la pequeña minería, que afecta directamente a las comunidades étnicas y vulnera el debido proceso para la legalización de tales actividades hoy vigentes y el deber de consulta previa a la que debió someterse”.
“Además”, para la Corte “con dicha derogatoria se deja un vacío normativo para la regulación de esta materia, al no fijar procedimiento alguno para la legalización o reconocimiento de la minería tradicional, lo cual afecta también el derecho a la igualdad de las comunidades étnicas y el debido proceso para la legalización de las actividades de pequeña minería y minería tradicional de estas comunidades. Por tales motivos, la expresión acusada del artículo 276 de la Ley 1450 de 2011, fue excluida del ordenamiento, de manera que la declaratoria de su inexequibilidad implica que reviven las normas derogadas”.
UNA SENTENCIA PARA TENER EN CUENTA
Con motivo de la ampliación del período de los actuales magistrados de ocho a doce años en virtud de la reforma constitucional en trámite en el Congreso de la República, debe recordarse que la Sentencia C-551 de 2003, emanada de la Corte Constitucional y de la cual fue ponente, en su momento, el actual fiscal Eduardo Montealegre Lynnet, decidió con alcance de cosa juzgada constitucional que la ampliación o modificación del periodo de cualquier funcionario electo, mediante acto legislativo, está expresamente prohibido por la Carta, lo que constituye una acto plebiscitario electoral que viola la letra y el espíritu de la Constitución.
La sentencia y sus numerales. En la Sentencia citada la Corte desarrolla cinco razones de orden constitucional a través de las cuales se demuestra cómo tal sistema de reforma a la Constitución riñe con cada una de las tres únicas alterativas de reforma previstas a la misma por el artículo 375 de la Carta.
El barquero se permite remitir a los lectores al análisis de los numerales 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227 de la Sentencia precitada del 9 de julio de 2003.
Todo un contubernio. El secuestro del Poder Constituyente por el Poder Ejecutivo y las altas Cortes, imponiéndole al Poder Legislativo el libreto de la reforma a través del famoso comunicado de Palacio, expedido la última semana, en donde el Ejecutivo y las altas Cortes, que apenas son una parte de la Rama Judicial, se han amangualado para perpetuarse el uno con su reelección y las Cortes con la edad de retiro a los 70 años y 12 años de ejercicio “magistral”.
El festín de Baltasar. Como quien dice, el verdadero festín de Baltasar en el reparto de prebendas a través de una mal llamada reforma judicial que para nada contempla soluciones a las carencias de la administración de justicia, como son, en su orden, la descongestión judicial, la corrupción rampante y la tutelitis, lo evidencia que la mermelada palaciega solo se unta en los vértices superiores de la tostada y a todas estas nuestros legisladores, bajo el imperio del miedo invencible, claudican desvergonzadamente ante el poder nominador del Ejecutivo y la amenaza latente del jurisdiccional que cada vez que quiere les muestra el garrote de la parapolítica y la amenaza con pérdida de investidura.
La póliza de la impunidad. Para guarecerse de tales embestidas, se han inventado lo que alguien muy bien ha calificado como “la póliza de la impunidad”, que consiste en el juicio previo político como requisito de procedibilidad para que la Justicia pueda entrar a investigar y juzgar a los privilegiados aforados. Como quien dice, “hagámonos pasito”. En conclusión, la reforma está dedicada a establecer nuevas gabelas a los magistrados de las altas Cortes, pero reformas a la institucionalidad propiamente dicha no hay nada. Todo en concordancia con la reeleccionitis que vive el Ejecutivo y con las ganas de perpetuarse de nuestros magistrados.
ABUSOS CON GUARDIA
Hugo Quintero Bernate
La reciente actuación de la Guardia Indígena, que impide el cumplimiento inmediato de la condena de prisión que un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá le impuso a Francisco Rojas Birry como responsable del delito de enriquecimiento ilícito, ha generado una peligrosa situación en pleno casco urbano de la capital de la República.
Los indígenas alegan que el señor Rojas Birry es un miembro de la Comunidad Embera y que por tanto a la Jurisdicción Indígena le correspondía el juzgamiento del expersonero, por lo que piensan mantener la situación actual hasta cuando la agonizante Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resuelva el conflicto de competencia entre esa Jurisdicción y la Ordinaria.
Parece obvio que las autoridades indígenas que han ordenado la actuación de la Guardia Indígena lo están haciendo abusivamente o, por lo menos, equivocadamente.
El concepto de Jurisdicción Especial que componen las Autoridades de los Pueblos Indígenas ha sido estructurado constitucional, legal y jurisprudencialmente desde 1991 con especial énfasis en el ámbito territorial y con algunos elementos más como el personal, objetivo e institucional.
Recientemente, la Sala de Casación Penal (Rad. 34461 M.P. Javier Zapata) otorgó especial reconocimiento a la Jurisdicción Indígena al señalar que puede conocer incluso de hechos de narcotráfico, siempre y cuando ocurran dentro de su territorio. El pronunciamiento lo adoptó al anular un caso contra dos indígenas, fallado por la Jurisdicción Ordinaria a la que se lo había asignado la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior, con la excusa de que el narcotráfico es un delito de gravedad extrema y universal.
La Corte Suprema de Justicia sentó un precedente histórico al reconocer, palabras más, palabras menos, que el territorio indígena es tan soberano como el resto del territorio nacional y que todo lo que ocurra ahí dentro es jurisdicción exclusiva de las Autoridades Indígenas.
En ese mismo orden de ideas, lo que ocurra en territorio mestizo -que es todo el que los demás ocupamos- es de competencia exclusiva de la Jurisdicción Ordinaria, a menos que se trate de algún caso excepcional cometido por un indígena, donde entran a jugar otros factores como el grado de culturización, la conciencia étnica, el distanciamiento del grupo, etcétera, ninguno de los cuales se cumple en este caso.
Así las cosas, es evidente el abuso que hace Rojas Birry de la figura que él mismo ayudó a crear, pues cuando en la Constituyente la propuso como ponente de “los Derechos de los Grupos Étnicos” dejó en claro que el propósito de la Jurisdicción Indígena era el de “contar con formas de control social propias que aseguren la cohesión social del grupo, mediante la aplicación de sanciones por parte de autoridades propias (normatividad propia, sanciones, etc.)”.
La actitud de los Embera es igualmente abusiva, o por lo menos una evidente manipulación del ejercicio de un derecho, pues resulta obvio que Rojas Birry no delinquió como indígena y una cosa es que en la política de Bogotá haya mucho “cacique” o que en el tráfico haya mucho “indio” y otra muy diferente que la ciudad sea territorio indígena.
CARACOL RADIO
UNA PROCURADORA, DOS EX MINISTROS ENTRE LOS CANDIDATOS A MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
La Sala Plena del Consejo de Estado preseleccionó a los 20 candidatos de los 74 postulados para conformar la terna para la elección del remplazo del magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao quien renunció a su cargo por ocupar la decanatura de la Universidad Externado.
Dentro de los candidatos están la actual procuradora delegada para la infancia y la adolescencia, Ilva Miriam Hoyos quien ha sido una de las líderes de la lucha en contra de todas las formas de aborto en Colombia.
Así mismo en la lista están los ex ministros de justicia, Carlos Medellín y de Trabajo, Gina Magnolia Riaño.
También figuran la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Clara Helena Reales, la secretaria general de este alto tribunal, Martha Sáchica además del ex procurador y ex candidato a la Contraloría, Alberto Rojas Ríos.
Esta es la lista de preseleccionados Rocío Araujo, Myriam Ávila Roldan, Luis Eduardo Cerra Jiménez, Alfonso Clavijo González, María Cristina Gómez Isaza, Bertha Lucia González Zúñiga, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Ilva Miriam Hoyos, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Alexei Julio Estrada, Patricia Linarez, Antonio José Lizarazo, Carlos Medellín, Clara Helena Reales, Gina Magnolia Riaño, Alberto Rojas Ríos, Martha Sachica, Abraham Sánchez Sánchez, Javier Tobo y Camilo Eduardo Velasco Turbay.
El Consejo de Estado de estos 20 nombres elegirá en las próximas semanas a tan solo tres y luego el congreso elegirá al nuevo magistrado.